Los farmacéuticos bonaerenses reclaman en Tribunales para evitar el desembarco de una cadena
12/10/2017
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La Corte Suprema deberá decidir sobre un recurso de queja de Farmacity para que le permitan instalarse en la Provincia.
Una disputa inesperada, con antagonistas de peso, se instaló en la Provincia: los farmacéuticos bonaerenses se plantaron y están decididos a dar una batalla en todos los planos para evitar que la cadena Farmacity desembarque con sus locales “polirrubro” que incluyen la venta de remedios en las ciudades del territorio.
El punto de la discordia es jurídico, pero en el fondo persisten intereses millonarios. Según plantea el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, la modalidad comercial de esa empresa vulnera la ley provincial, que impide a las sociedades anónimas ser dueñas de comercios dedicados al expendio de medicamentos. La firma entiende que esa normativa (ley 10.606 )impide la libre competencia. Y por eso, llevó a la Corte Suprema de Justicia un reclamo que ya tuvo rechazos en primera instancia, en cámara de Apelaciones y en la Suprema Corte bonaerense.
Por eso, después de plantear su “rechazo a este nuevo intento de la cadena de instalarse en provincia”, el colegio y otras entidades que representan al sector, realizarán este mediodía un “abrazo simbólico” al palacio de los Tribunales, en el centro porteño. Es que el pleito deberá resolverse en los despachos de los jueces de la Corte. La protesta coincide, además, con la celebración del Día del Farmacéutico.
“La normativa provincial es constitucional y de corte sanitario. La irrupción de un modelo de mercado que propone la cadena Farmacity pondría en riesgo la sustentabilidad de todo el sistema”, explicó Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia, la ley regula la habilitación de locales, facultad que corresponde al Ministerio de Salud. Sólo se pueden abrir las boticas cada 3.000 habitantes y en las ciudades deben instalarse cada 600 metros, mínimo.
En la firma de origen norteamericano dijeron que “Farmacity interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz del fallo de la Justicia de la provincia de Buenos Aires que hoy le impide instalarse, competir libremente con otras farmacias en esa provincia y brindar un servicio de calidad a los bonaerenses, pese a que cumple con todos los requisitos de habilitación y localización que requieren estos establecimientos”.
Los farmacéuticos sospechan de algún impulso de sectores del gobierno para favorecer la instalación de la compañía en las ciudades bonaerenses. Y mencionan el rol clave de Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri y ex CEO de Farmacity hasta diciembre de 2015.
“Farmacity considera que el fallo de la corte bonaerense vulnera principios constitucionales y cuestiona que la Ley provincial, de inferior jerarquía, viola normas nacionales que legislan sobre la propiedad de las farmacias, a la vez que afecta la prestación de un servicio esencial y el acceso a los medicamentos por parte de la población”, argumentan en la empresa.
Los antecedenes jurídicos avalan el planteo de los farmacéuticos. Y también consiguieron otros respaldos. A la marcha de hoy irán colegios de distintas provincias. Y las Cámaras de Farmacias de la Provincia -adheridas a la FACAF- también respaldan el planteo. “Que Farmacity cumpla la ley como les dijo la Justicia y no insistan ignorando lo que quedó claro en varias instancias judiciales y que resulta un resorte propio de la Provincia”, dijeron dirigentes de la Cámara provincial.
El litigio tiene varios años. “La causa se inició luego de que Farmacity intentara en 2010 abrir una farmacia en Pilar y se denegara el permiso bajo el argumento de que la ley local no permite que las sociedades anónimas sean dueñas de farmacias. La empresa agotó todas las instancias administrativas hasta que recurrió a la Justicia y ahora espera la decisión de la máxima autoridad judicial del país”, ampliaron en la compañía.
Reinoso explicó que “la ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires fundamenta en la legislación el concepto de medicamento como un bien social y no una mercancía más”, algo que obliga a las empresas del sector a garantizar la provisión en todo el territorio provincial.
Farmacity ya tiene locales abiertos en 14 provincias y la empresa argumenta que en esas jurisdicciones, “la competencia logró mejorar la performance de todo el sector a partir de una mejor calidad de prestación de un servicio esencial como la entrega de medicamentos, con trazabilidad controlada, y brindando empleo formal con capacitación permanente a profesionales farmacéuticos”. Los profesionales creen que las drogas y remedios “no son un caramelo” que se pueden vender en las góndolas como en un supermercado. Por ahora, la disputa está abierta. Y el cierre está en manos de la Corte.
